1. Expresamos nuestro total desacuerdo.
Por responsabilidad con el país y la sociedad ecuatoriana, señalamos nuestro total desacuerdo con propuestas de cambios normativos que dividan a los ecuatorianos, estigmaticen la actividad empresarial y la generación de riqueza, vulneren la estructura económica de las empresas familiares, desestimulen el emprendimiento, el ahorro y la inversión, y atenten contra la propiedad privada.
2. La generación de riqueza es el factor para el desarrollo.
El éxito y la generación de riqueza no pueden ser estigmatizados ya que son el motor para generar más inversiones productivas, emprendimiento, innovación y empleo adecuado, factores indispensables para reducir las brechas de inequidad y pobreza en Ecuador. Los patrimonios entregados en herencia por los ecuatorianos se han construido en base a riesgo y esfuerzo de personas que, a través del tiempo, han aportado a la sociedad mediante el pago de los impuestos correspondientes y la generación de empleo, contribuyendo así con el efecto redistributivo deseado.
3. Debemos precautelar la cohesión social.
La reforma tributaria tendrá un efecto severo e irreversible sobre el ahorro, la inversión, el futuro bienestar de las familias y, por tanto, la cohesión social. El sólo anuncio de discusión de la potencial reforma ha generado incertidumbre en los planes de inversión de los agentes económicos. Frente al desincentivo que significa esta propuesta nos preguntamos: ¿qué futuro espera a aquellos jóvenes ecuatorianos que han crecido con el apoyo de la política de fomento al conocimiento y talento humando que ha impulsado el actual gobierno?
4. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
El artículo 67 de la Constitución proclama que “El Estado protegerá a la familia como núcleo fundamental de la sociedad”. Por ello, resulta inadmisible tratar de acabar con una de las instituciones económicas más antiguas de la humanidad como son las empresas familiares. En Ecuador dichos emprendimientos, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, generan más de 75% del empleo a nivel nacional.
5. La tarifa del impuesto es confiscatoria.
La tarifa máxima planteada para el impuesto a las herencias, legados y donaciones, llegaría al 77,5%, es decir, más de 20 puntos porcentuales por encima de la tarifa más alta registrada a nivel mundial, lo cual resulta confiscatorio por parte del Estado. Es importante recordar que en el año 2007, el impuesto a las herencias fue incrementado en un 700%.
6. Incrementar el impuesto a la herencia no reduce la inequidad social.
La reducción de los niveles de inequidad en nuestro país, que compartimos como objetivo, se logrará sólo a través de la promoción del trabajo estable y sostenible, generado por el sector privado, el cual actualmente procura el 85% del total del empleo nacional. La experiencia mundial deja en claro que incrementar el impuesto a la herencia en los niveles propuestos no es el mecanismo idóneo para reducir los niveles de inequidad.
7. La plusvalía no equivale a enriquecimiento ilegítimo.
Modificar la regulación de la plusvalía bajo el supuesto de enriquecimiento ilegítimo supone una grave afectación a la confianza de los agentes económicos ya que este impuesto ha estado claramente regulado por las normas seccionales, incluyendo aquellos casos de incremento de valor predial por obra pública.
8. El país exige estabilidad normativa.
La estabilidad tributaria y pausa normativa, ofrecidas por las autoridades nacionales, se ven afectadas severamente por el envío de una décimo tercera reforma tributaria. Una de las principales propuestas del sector empresarial dentro del diálogo público-privado, realizado al más alto nivel para fomentar las inversiones, fue justamente brindar estabilidad normativa con la finalidad de procurar el emprendimiento, la innovación, el mejoramiento de la competitividad, productividad y del empleo adecuado, objetivos que todos los ecuatorianos deseamos se cumplan.
9. Ecuador demanda una mayor actividad productiva privada.
Mantenemos nuestro compromiso con Ecuador, más aun cuando nuestro país enfrenta una coyuntura económica compleja, que demanda de una mayor participación de las actividades productivas privadas para la sostenibilidad del desarrollo. Aquello solamente se cumplirá con reglas de juego adecuadas, previsibles y estables que fomenten la inversión productiva, basada en un diálogo constructivo entre los sectores público y privado.
10. No es conveniente el proyecto anunciado.
No debe enviarse al Legislativo el proyecto de ley anunciado porque, como se ha expuesto, no es conveniente para el país.